Un grupo de organizaciones no gubernamentales denunció este jueves que los migrantes de diversas nacionalidades expulsados por Estados Unidos hacia Costa Rica y Panamá se encuentran en condiciones de desprotección, por lo que urgió a ambas naciones centroamericanas a garantizar el respeto a los derechos humanos.
«Desde el 12 de febrero, Estados Unidos llevó a cabo la expulsión colectiva de 200 personas hacia Costa Rica y 299 personas hacia Panamá. La situación actual de las personas en Costa Rica y Panamá se ha caracterizado por la falta de acceso a información y asistencia humanitaria, la falta de asistencia legal y, en general, un contexto de desprotección», indica un comunicado del Observatorio de Movilidad Humana del Darién.
Este observatorio, integrado por 15 organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, aseguró que Costa Rica y Panamá «fomentan un entorno torturante que coloca a las personas expulsadas en una situación de desprotección e incertidumbre jurídica».
«La ausencia de información adecuada impide verificar si se ha realizado un análisis individualizado de los riesgos que enfrentan las personas expulsadas de ser enviadas a su país de origen u otros destinos, donde su vida, integridad personal y libertad podrían estar en peligro», añade el documento.
Las organizaciones señalaron que en Costa Rica estas personas fueron trasladadas al Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), en el sur del país, donde «permanecen detenidas e incomunicadas» y enfrentan «la falta de claridad sobre los procedimientos migratorios aplicados», «la negación de su derecho a solicitar protección internacional» y procesos «opacos» de repatriación.
El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, dijo el miércoles en una comparecencia ante el Congreso, que no hay violaciones a los derechos humanos de estos migrantes y que ninguno ha solicitado refugio o asilo.
Según André, de los 200 migrantes recibidos, 69 personas ya regresaron a sus países, 34 están en proceso de retorno pronto y está pendiente el proceso para 97. Los migrantes son originarios de Nepal, China, Rusia, India, Congo, Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán, Turquía, Uzbekistán y Vietnam.
El Observatorio del Darién señaló que el caso de Panamá, «luego de afirmar que no brindarían asilo a las personas expulsadas, las autoridades han determinado otorgar un permiso temporal de 30 días, prorrogable hasta 90 días, a quienes no hayan aceptado regresar a sus países presumiblemente por requerir protección internacional».
«Estas personas deben buscar por sus propios medios un tercer país al cual trasladarse. Quienes han sido liberadas de las Estaciones de Recepción Migratoria han quedado en condiciones de abandono, sin un destino claro ni recursos para su manutención», aseveró el observatorio.
Las organizaciones también denunciaron que los miles de migrantes que no pudieron ingresar a Estados Unidos en su ruta terrestre y que ahora están retornando a Suramérica en un «flujo inverso», también están enfrentando el «abandono» por parte de los Estados, incluyendo a Costa Rica y Panamá.
El observatorio urgió a ambas naciones centroamericanas a garantizar el acceso efectivo a la protección internacional para los migrantes, respetar el derecho a solicitar asilo y evitar la expulsión hacia países donde su vida o libertad estén en peligro.
Además, pidió a estos países que adopten medidas de seguridad y protección en los traslados del flujo inverso, que la detención migratoria sea una medida de último recurso, así como que garanticen el acceso de las organizaciones de la sociedad civil para monitorear y apoyar a las personas en movilidad humana. EFE
