La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que exige la liberación de personas detenidas por razones políticas en Venezuela, Cuba y Nicaragua.
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge la liberación inmediata de las personas detenidas por razones políticas en las Américas, cuyas detenciones tienen lugar en un contexto de persecución judicial arbitraria y que se enfrentan a condiciones de detención violatorias de sus derechos. La CIDH viene dando seguimiento a las detenciones arbitrarias para perseguir a personas con discrepancias político-ideológicas con los gobiernos de turno, o que ejercen legítimamente las libertades de expresión, reunión y asociación, o defienden los derechos humanos. Estas prácticas son utilizadas por gobiernos autoritarios caracterizados por la sujeción de los sistemas de administración de justicia al Poder Ejecutivo. Además, las personas detenidas en este escenario se enfrentan a violaciones al debido proceso, y un uso excesivo de la prisión preventiva», señala el escrito publicado en su página web.
Afirma el organismo que «en Venezuela, al terminar el año se registraron 1.849 personas detenidas por motivos políticos, de las cuales 1.572 fueron detenidas durante o después de las manifestaciones en torno a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Durante el 2024, la Comisión documentó deplorables condiciones de detención y patrones que abarcan la falta de información oficial sobre la situación y lugar de alojamiento de las personas detenidas; falta de acceso al agua potable y a la alimentación adecuada; condiciones insalubres; ausencia de atención médica; y, restricciones para recibir visitas y e intercambiar correspondencia«.
A continuación, el informe completo:
CIDH urge la liberación a las personas detenidas por razones políticas en las Américas
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge la liberación inmediata de las personas detenidas por razones políticas en las Américas, cuyas detenciones tienen lugar en un contexto de persecución judicial arbitraria y que se enfrentan a condiciones de detención violatorias de sus derechos.
La CIDH viene dando seguimiento a las detenciones arbitrarias para perseguir a personas con discrepancias político-ideológicas con los gobiernos de turno, o que ejercen legítimamente las libertades de expresión, reunión y asociación, o defienden los derechos humanos. Estas prácticas son utilizadas por gobiernos autoritarios caracterizados por la sujeción de los sistemas de administración de justicia al Poder Ejecutivo. Además, las personas detenidas en este escenario se enfrentan a violaciones al debido proceso, y un uso excesivo de la prisión preventiva.
Estás prácticas fueron documentadas, al menos, en Cuba, Nicaragua y Venezuela. En 2024, en Cuba había 1.148 personas detenidas por motivos políticos. En Nicaragua, había 36 personas encarceladas en el marco de la crisis iniciada el 18 de abril de 2018. En Venezuela, al terminar el año se registraron 1.849 personas detenidas por motivos políticos, de las cuales 1.572 fueron detenidas durante o después de las manifestaciones en torno a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Durante el 2024, la Comisión documentó deplorables condiciones de detención y patrones que abarcan la falta de información oficial sobre la situación y lugar de alojamiento de las personas detenidas; falta de acceso al agua potable y a la alimentación adecuada; condiciones insalubres; ausencia de atención médica; y, restricciones para recibir visitas y e intercambiar correspondencia.
En Cuba de cuatro detenidos por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 habrían fallecido en prisión. En la audiencia pública, sobre derechos de las personas mayores, se recibió información sobre la falta de atención a las necesidades de la vejez en salud, cuidados y movilidad de estas personas encarceladas por razones políticas. En Nicaragua, documentó detenciones sin orden judicial y sin brindar datos sobre el paradero, lo cual configuraría desaparición forzada. Preocupa además la falta de información sobre los líderes indígenas Brooklyn Rivera y Steadman Fagot, beneficiarios de medidas de protección por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CIDH.
Sumado a ello, las personas presas políticas se enfrentan a un mayor sometimiento a malos tratos y actos de tortura que abarcan, entre otros, aislamiento, incomunicación y, violencia física, psicológica y sexual, con una especial afectación a las mujeres.
Por su parte, la CIDH ha resaltado que las mujeres detenidas por razones políticas, por su labor como defensoras o por participar en protestas se enfrentan al empleo de diversas prácticas de tortura como medio para obtener información o, castigarlas y humillarlas, tanto al momento de las detenciones como durante la privación de libertad.
La Comisión recuerda que toda persona tiene derecho a ser protegida contra cualquier tipo de privación de libertad ilegal o arbitraria. Igualmente, los Estados deben garantizar la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad. Esto incluye brindar información oficial y actualizada sobre su situación, asegurar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana y, garantizar las visitas y el contacto directo y regular con sus familias.
Además, reitera que los servicios penitenciarios deben adecuarse a las necesidades propias de la vejez para superar negligencia en la atención médica, falta de accesibilidad física en instalaciones carcelarias, y las dificultades para preservar vínculos familiares. Asimismo, los Estados deben incorporar una perspectiva de género y un enfoque diferenciado en la prevención, combate y sanción de todos los actos de tortura y malos tratos, con una atención especial a aquellos cometidos contra las personas presas políticas.
En atención a lo expuesto, la Comisión exhorta a los Estados de las Américas a asegurar el pleno respeto a las garantías judiciales y los derechos y principios fundamentales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y que deben regir en todos los procesos penales. En esta línea, urge a los Estados a liberar, de manera inmediata, a las personas detenidas por razones políticas en todo el hemisferio.
