Los hijos de 36 de los 147 presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua se encuentran en extrema vulnerabilidad, concluyó un estudio presentado este lunes por la organización Unidad de Defensa Jurídica (UDJ).
El informe, titulado ‘Lloran todas las noches: El impacto de la prisión política en los hijos e hijas de las personas presas políticas en Nicaragua’, advierte que la separación familiar impuesta por la dictadura sandinista hace mella en una niñez que sufre graves traumas, sobre todo emocionales.
También provoca un aumento de la pobreza, la deserción escolar, el trabajo infantil, el desplazamiento forzado, la drogadicción, estigmatización y discriminación en sus entornos comunitarios y educativos, según el estudio de la UDJ, una organización integrada por abogados que defienden o asesoran a los presos políticos y a sus familiares.
«Los resultados de los datos recolectados evidencian la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes con padre y/o madre privados de libertad por motivos políticos en Nicaragua. Se han encontrado afectaciones en todos los entornos de la vida de los niños/as, ya sea a nivel familiar, psicoemocional, social, y/o económico», aseguraron.
Las consecuencias de la separación familiar
El estudio revela que la niñez con padres encarcelados por motivos políticos ha sufrido de violencia directa o indirecta por parte de agentes estatales, por ejemplo, al presenciar la detención violenta de su progenitor, el allanamiento de su domicilio, el desalojo temporal de su domicilio, o la confiscación de sus bienes (entre ellos juguetes).
Asimismo, el estudio evidencia el grave impacto en la salud mental de esa niñez, impulsada por la violencia y la separación familiar producto la prisión política.
«Se determinó que entre la muestra estudiada hay niños que lloran diariamente por la separación y violencia contra su papá o mamá, algunos han tenido que acudir al psicólogo, e incluso hay niños que han incurrido en la drogadicción o pensamientos suicidas como forma de expresar su sufrimiento», indica el informe, que analizó la situación de 37 de los 69 menores que tienen padres en prisión.
El organismo advirtió que las afectaciones identificadas pueden constituir hechos ilícitos a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya que vulneran multiplicidad de estos derechos y obligaciones contenidos en tratados ratificados por Nicaragua, como son la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Las recomendaciones
Por tanto, la UDJ recomendó al Estado liberar a los presos políticos considerando el grave impacto que genera en sus familias, en especial en los casos que tienen menores de edad.
Mientras no los libere, facilitar el uso de medios telefónicos y de videollamadas para garantizar la comunicación de los padres detenidos con sus hijos.
Asimismo, cesar todo tipo de violencia o intimidación contra los hijos de opositores detenidos; y garantizar que, mientras no sean liberados, los espacios de visitas sean adecuados para la niñez y duren al menos 3 horas para una mayor recreación e intimidad con sus progenitores.
A la comunidad internacional y a la sociedad civil, le recomendó que exijan al Estado de Nicaragua la liberación de los presos políticos, en especial en los casos que tienen hijos.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que el dictador Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».
Con información de EFE
