Seis relatores de la ONU han instado a Cuba a rendir cuentas por violaciones de derechos humanos vinculadas a la represión policial y los procesos judiciales derivados de las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas en la isla.
Cuatro relatores y dos representantes de grupos de trabajo de carteras vinculadas con los derechos humanos enviaron al dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, una carta en la que expresan sus «preocupaciones» y solicitan explicaciones a La Habana.
La carta de 16 páginas, a la que tuvo acceso la agencia EFE, está fechada el 3 de abril y explica que pasados 60 días el documento se publicaría con las respuestas que aportase el régimen cubano, pero por el momento el sitio web de la ONU no ha incluido contestación alguna de La Habana.
«Quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas», escriben los relatores.
También le urgen a Díaz-Canel «a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan».
Argumentan que de confirmarse las alegaciones se habrían violado «numerosas normas y estándares internacionales de derechos humanos consagrados, entre otros, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas».
Los relatores indican que el escrito se basa en informaciones «suficientemente fiables» como para que el asunto reciba una «atención inmediata», aunque añaden que no quieren «prejuzgar la veracidad» del aporte que desencadenó este procedimiento especial.
Por eso llaman al régimen cubano a responder en general a las «alegaciones» presentadas y, en particular, a explicar cómo el sistema legal cubano -de la elección de jueces y abogados al proceso investigativo y judicial- es «compatible» con las obligaciones del país en materia de derechos humanos.
También piden describir las «medidas» adoptadas para que «la legislación cumpla con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas» por Cuba y para garantizar los derechos de reunión pacífica, asociación y expresión «sin temor» a sufrir una detención.
La carta incluye un resumen de la información que desencadenó el procedimiento, en la que se habla de «cientos de miles» de manifestantes el 11 de julio de 2021, la disolución violenta de las marchas y la detención de entre 5.000 y 8.000 personas en los días posteriores.
Ese relato también refiere que «miles» de cubanos no tuvieron un «juicio justo» ni disfrutaron del «debido proceso», que jueces, fiscales y abogados en Cuba no pueden actuar con independencia del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) y que los abogados defensores trabajan a menudo en desventaja.
La ONG Prisoners Defenders, con sede en Madrid, indicó en un comunicado aparte que la carta de los relatores es «respuesta directa y unívoca» a la denuncia que entregó en julio de 2023 a la ONU.
El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, manifestó su «profundo agradecimiento» a los relatores y su intención de seguir trabajando por «erradicar el entramado procesal de violación de los derechos de todos los procesados, condenados y presos políticos y de conciencia en Cuba».
Suscriben el documento los relatores especiales sobre la independencia de los magistrados y abogados, sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Firman asimismo la carta el vicepresidente de comunicaciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Las protestas de julio de 2021 supusieron un parteaguas político y social en Cuba. Desde entonces Prisoners Defenders ha registrado unos 1.500 presos por motivos políticos, mientras que la ONG Justicia 11J ha recogido 1.905 personas detenidas, de las que 800 continúan en prisión.
Con información de EFE
