Las organizaciones no gubernamentales Alerta Venezuela, Espacio Público y Voto Joven presentaron un informe sobre las restricciones que enfrentaron los venezolanos en el exterior para inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Electoral (RE) para poder ejercer su derecho a votar en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
De los 7.722.579 de migrantes y refugiados venezolanos que hay en el mundo, según última actualización de la ONU de noviembre de 2023, solamente 6.528 pudieron inscribirse y actualizar sus datos en el Registro Electoral (RE) para votar en el exterior en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
«El Estado venezolano restringió arbitrariamente el derecho humano a elegir en condiciones de igualdad y no discriminación en perjuicio de todos los venezolanos en el exterior con capacidad de votar, los cuales contabilizan al menos 4.485.470 venezolanos con permisos de residencia y otras estancias regulares», denunciaron las organizaciones, que puntualizaron que esto vulnera lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y en la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Las ONG cuestionaron que en las embajadas se exigiera la presentación de documentos adicionales a la Cédula de Identidad, que es el único requisito legal. Entre los requerimientos adicionales para poder inscribirse o actualizar datos en el RE estaba tener pasaporte vigente y demostrar residencia permanente en el país de acogida.
«El ejercicio de un derecho político fundamental como el voto sobre asuntos del país de origen no puede estar supeditado a la condición migratoria de las personas, ni a requisitos arbitrarios como el pasaporte y otros registros según los casos, que no se exigen a quienes residen en Venezuela. Para votar debe bastar con la cédula de identidad venezolana (vigente o vencida), tal como se les pide a los venezolanos en el territorio. El Estado discrimina», denunciaron.
Destacaron el caso de los migrantes venezolanos en Colombia donde, aseguran, el régimen de Nicolás Maduro «afectó de manera desproporcionada los derecho al voto y a la igualdad del grupo de venezolanos en el principal país receptor de migrantes (Colombia), en la medida en que al menos 2.293.006 venezolanos regularizados o en proceso de regularización a través del Estatuto de Protección Temporal se vieron privados del derecho al voto, puesto que no serían ‘residentes’ a juicio de Venezuela, pese a contar con un documento que denotaba su condición de regularidad migratoria en el país. Esto sucede aun cuando el PPT otorga una permanencia regular de 10 años, muy superior a la visa de residente que concede 5 años de permanencia».
Otras de las limitaciones para inscribirse o actualizar datos en el Registro Electoral fue el reducido tiempo que duró el operativo en las embajadas y consulados. Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) había previsto un operativo de un mes de duración, en la mayoría de las sedes diplomáticas comenzó con dos y hasta tres semanas de retraso y funcionaba en horario laboral restringido.
Finalmente, las ONG advirtieron que «el Estado, al privar arbitrariamente del derecho al voto a los venezolanos en el exterior, afectó al mismo tiempo los derechos a la libertad de opinión y participación política de cerca del 25% de la población electoral venezolana. En consecuencia, Venezuela está violando también la obligación de garantizar ‘votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas,realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores‘, como ordena el artículo 23.b) de la Convención Americana, y el artículo 25.b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otras normas aplicables. Es decir, no puede existir elecciones auténticas ni libres sin la cuarta parte de la población electoral».
Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos y coordinadora del informe, concluyó: «que el 25% de la población no pueda votar es un fraude preelectoral masivo”.
