La Organización No Gubernamental Acceso a la Justicia advirtió que la «Ley antifascismo» busca arremeter contra las voces disidentes del país, así como también contra la sociedad civil, según señala el borrador que circula de manera extraoficial por las redes sociales.
«El espacio cívico en Venezuela no para de estrecharse. Así, al combate contra el terrorismo, a la lucha contra la delincuencia organizada y a la defensa de la soberanía, aunados a la polémica Ley contra el Odio, las autoridades han sumado ahora una nueva excusa a su repertorio para actuar en contra de las agrupaciones civiles independientes y lo que resta de la oposición política y los medios de comunicación: el fascismo», advierte la ONG en su página web.
Señala que «el instrumento (…), no está publicado en la página web de la AN y solo ha circulado de manera extraoficial por redes sociales, define en su artículo 4 como fascismo a aquella ‘postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, que asume la violencia como método de acción política, enarbola la cultura de la muerte, denigra de la democracia, sus instituciones y valores republicanos y/o promueve la supresión de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución a favor de determinados sectores de la sociedad, por motivos discriminatorios. Acto seguido remata señalando que ‘son rasgos comunes a esta postura el racismo, el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad'».
Destaca que el borrador presentado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez «prohíbe en su artículo 13 la constitución de personas jurídicas de derecho privado, movimientos y organizaciones sociales, así como organizaciones con fines políticos, cuyas actas constitutivas, declaraciones de principios, programas de acción política, estatutos o actividades promuevan, hagan apología o se fundamenten en el fascismo».
«Asimismo, en el artículo 14 faculta a los tribunales civiles a disolver a las agrupaciones de cualquier otra naturaleza señaladas de fascistas, y para tomar dicha decisión deberá seguirse «el procedimiento breve previsto en el Código de Procedimiento Civil», agrega.
Recalca la ONG que «el borrador no solo permite clausurar agrupaciones, sino que en su artículo 23 castiga con hasta 10 años de prisión a quienes formen «organizaciones que exalten, hagan apología o se fundamenten en el fascismo» y, más adelante, en la disposición número 27, prevé multas de hasta 100.000 euros para quienes las financien».
«Este proyecto reafirma las intenciones de las autoridades por subyugar o liquidar los últimos reductos de libertad existentes en el país: las organizaciones civiles», asevera Acceso a la Justicia.
Con información de Acceso a la Justicia
