El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 33 nuevos ataques e incidentes de seguridad durante el mes de noviembre de 2020 en Venezuela contra defensores de derechos humanos.
La organización advirtió que «avanza la criminalización a la defensa de derechos humanos y trabajo humanitario como política de Estado y se agudizan las acciones represivas con el fin de obstaculizar el trabajo de las organizaciones y de defensores, quienes son calificados por el Estado como enemigos internos».
El informe documentó que el mes de noviembre se caracterizó por el recrudecimiento de las acciones represivas en contra de las organizaciones que emprenden labores humanitarias, aumentando los actos de intimidación y hostigamiento, así como también se implementaron mecanismos para obstaculizar la labor de quienes defienden derechos. Asimismo, aumentaron las amenazas de aprobación de leyes de cooperación para regular y sancionar a ONG.
También han aumentado las medidas de vigilancia, intimidación y hostigamiento, así como los intentos por vincular y calificar el trabajo de las organizaciones en Venezuela como ilícito, en virtud de la estigmatización sistemática existente desde hace varios años, la cual califica el trabajo de documentación y denuncia en materia de derechos humanos de estar relacionado al terrorismo, la delincuencia organizada y la desestabilización del país.
