El gobierno colombiano deberá pagar una indemnización al activista venezolano Lorent Saleh por las «graves irregularidades» ocurridas durante su arresto y expulsión del país para ser entregado al régimen de Nicolás Maduro en 2004.
Una década después, el juzgado 58 administrativo de Bogotá ha determinado que el procedimiento fue irregular, por lo cual Migración Colombia deberá pagar una indemnización al activista y a su madre por los daños causados.
La revista Semana informó que en una decisión de 32 páginas, el juzgado falló que en ese procedimiento se le impidió a Saleh ejercer su derecho a la defensa y no se tomó en consideracón, además, la compleja situación de vulnerabilidad a la que se le exponía si regresaba a Venezuela.
Durante el comienzo del régimen de Maduro, Saleh tuvo que radicarse en Colombia, donde intentó conseguir protección ante la persecución política que sufría en Venezuela. Sin embargo, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos accedió al pedido del régimen chavista para que el activista fuese deportado.
El 4 de septiembre de 2014 Saleh fue interceptado en Bogotá por agentes de la Policía colombiana, quienes lo detuvieron y lo entregaron al Servcio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Desde entonces Lorent Saleh permaneció detenido por más de cuatro años en los centros de tortura del SEBIN en Plaza Venezuela, conocido como La Tumba, y en El Helicoide.
Durante su detención, en 2017, Saleh fue uno de los ocho presos políticos venezolanos reconocidos con el premio Sájarov por el Parlamento Europeo.
El 12 de octubre de 2018, como parte de una negociación, Saleh fue liberado y desterrado a España.