Activistas venezolanos denunciaron en el marco de la 22° Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI) la nueva ola de persecución desatada por el régimen de Nicolás Maduro, con la emisión de órdenes de captura contra dirigentes opositores y el arresto del presidente de la asociación civil Súmate, Roberto Abdul.
En el evento, auspiciado por el Gobierno de Suecia y organizado por Defiende Venezuela, Un Mundo Sin Mordaza y Civil Rights Defenders, se llevó a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, contó con la participación de víctimas, defensores de derechos humanos, representantes del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Corte Penal Internacional.
Allí, organizaciones de la sociedad civil y víctimas venezolanas presentaron una denuncia formal exigiendo el cese de la persecución política y los actos de tortura en Venezuela, que son cometidos en contra de todos aquellos que son percibidos por el régimen de Nicolás Maduro como disidencia política.
Rodrigo Diamanti, presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, expuso detalladamente el patrón de persecución política en Venezuela, señalando la tendencia de hostigar a personas cercanas a líderes de la oposición.
Advirtió sobre el recrudecimiento de esta persecución ante las próximas elecciones presidenciales, cuya agenda comenzó con la persecución y órdenes de detención del sector más cercano de la candidata de oposición María Corina Machado y la detención arbitraria de Roberto Abdul, presidente de la organización Súmate.
Diamanti indicó que: “Como no se atreven a detener a quienes levantarían las alertas internacionales, como puede ser la detención de María Corina Machado, van detrás de su equipo de confianza” y mencionó que esto ha ocurrido en casos anteriores como los de Capriles Radonski y Juan Guaidó, destacando que: «No hay dudas de un patrón sistemático de persecución política por parte del gobierno de Maduro para mantenerse en el poder, a través de la comisión de crímenes de lesa humanidad». Además, alertó sobre el riesgo inminente que enfrentan cientos o miles de venezolanos el próximo año debido a esta persecución, tortura y asesinato, subrayando la urgencia de la denuncia.
José Gregorio Pernalete y Elvira Llovera de Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete quien fue asesinado en el contexto de manifestaciones en 2017, a través de sus testimonios, sensibilizaron a los presentes. Demandaron que el crimen de asesinato constituya una de las prioridades en la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la situación Venezuela I.
Igualmente, Olga González, esposa de Leonardo González, quien también fue víctima de asesinato en 2017 en el contexto de manifestaciones e inestabilidad política conexa del país, narró la terrible historia de cómo su esposo fue perseguido por funcionarios policiales, quienes le propinaron más de 20 impactos de bala y lamentablemente ocasionaron su muerte. Olga González, afirmó: “Hablo no sólo en representación de mi esposo, sino de todas las personas asesinadas en Venezuela por el hecho de pensar distinto. Venimos a exigir justicia”.
El evento también contó con la participación de Jonathan Agar, asistente especial del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan; Joanna Frivet, miembro del Panel de Expertos Internacionales de la Organización de Estados Americanos y Débora Ruiz, Directora del Fondo Fiduciario para las Víctimas de la Corte Penal Internacional. Igualmente, estuvieron presentes, Génesis Dávila, Presidente de Defiende Venezuela, y Rodrigo Diamanti, Presidente de Un Mundo Sin Mordaza.
Durante el evento, se pudo conocer que el Panel de Expertos próximamente presentará un nuevo informe en el que se evidencia la falta de procesos judiciales en Venezuela que cumplan con los estándares de justicia, lo que reforzará la solicitud de que la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional continúe.
El Panel de Expertos de la OEA, a través de Joanna Frivet, respaldó estas denuncias, instando a los Estados miembros que ratificaron el Estatuto de Roma a exigir a Venezuela el cese de la persecución política, las detenciones arbitrarias y los crímenes de lesa humanidad.
