El informe «Sin cumplimiento de recomendaciones no puede haber justicia», publicado en el marco del 53° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, detalla el conjunto de recomendaciones técnicas brindadas tanto por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos (FFM), que evalúa a Venezuela desde 2019, como por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, (OACNUDH) que siguen atentamente la crisis en el país y los resultados del Examen Periódico Universal.
Las recomendaciones cumplen la función de mostrar cuál es la ruta para atender y mejorar cada área de los derechos humanos y además sirven para establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo que los estados deben cumplir para avanzar.
En el informe se establece que el país tiene la necesidad urgente de atender su crisis institucional. Para eso, las mejores indicaciones de cómo hacerlo se desprenden de más 180 recomendaciones que se han ido acumulando a lo largo de estos años en organismos donde Venezuela participa y debe escuchar.
Faisal Yamil, abogado del equipo de incidencia del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), dijo que con el informe “nos enfocamos en justicia porque vemos que es un tema transversal a las necesidades más urgentes en la crisis de derechos humanos que existe en Venezuela”.
Por su parte, Alí Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia, advirtió que “el poder judicial ha tenido un papel protagónico en la represión”. Es decir, no es un problema de mal funcionamiento del poder judicial sino de su corresponsabilidad en el aparato represivo que ha generado una violación de derechos humanos masiva en el país. Para sostenerlo citó las referencias que hizo tanto la Misión de Determinación de los Hechos en la ONU en su informe de 2021 como en el informe del Fiscal de la Corte Penal Internacional de noviembre de 2022. Para Daniels, estos organismos han llegado a la conclusión de que “el sistema judicial no tiene independencia ni imparcialidad”.
El documento de 44 páginas recoge las recomendaciones de los organismos internacionales y las agrupa en 4 objetivos para analizarlas:
- Reformas integrales del sistema de justicia.
- Fortalecimiento institucional.
- Garantías de acceso a la justicia y rendición de cuentas.
- Derecho a la reparación integral y medidas de protección a las víctimas.
Todas son materias pendientes en Venezuela y el trabajo de los investigadores estableció punto a punto cómo las autoridades han ignorado las recomendaciones mientras la crisis humanitaria y política empeora en el país.
Al respecto, la abogada Martha Tineo, de Justicia, Encuentro y Perdón, detalló que la denegación de justicia en el país es notable “cuando vemos que se mantiene más del 90% de impunidad respecto a los autores materiales o perpetradores en casos de asesinatos dentro de un patrón de persecución por razones políticas, incluidos los que ocurridos en el contexto de manifestaciones pacíficas, muerte en reclusión de presos políticos, y asesinatos selectivos a disidentes reales o percibidos”.
Así mismo dijo que actualmente en el país se contabilizan más de 300 presos políticos y “más de 50% de ellos cumplen una pena anticipada, debido a que no se han concluido juicios – conforme al debido proceso – que establezcan su responsabilidad en la comisión de hechos punibles”. Pero si algo más define cómo el aparato de justicia en Venezuela necesita cambios es que se mantiene un 100% de impunidad respecto a las cadenas de mando vinculadas a graves violaciones de derechos humanos.
El contexto en el que se desarrolla este informe tiene un sentido. Este año volverá a pronunciarse sobre Venezuela el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y se espera un nuevo informe de la Misión de Determinación de los Hechos. También la Corte Penal Internacional decidió continuar la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, así que la lupa estará puesta en el aparato de justicia.
Sin embargo, Cristina Ciordia, coordinadora de Incidencia de Cepaz, llamó la atención de los presentes al hablar del informe porque “la percepción sobre Venezuela ha cambiado debido a una campaña de normalización que hace ver los abusos de derechos humanos como algo del pasado y en consecuencia algunos organismos internacionales han asumido esta agenda de normalización, de falsa mejora y de pasar la página”. Es la razón por la que las organizaciones defensoras de derechos humanos elevan la voz y lo hacen a partir de un punto de vista informado, con análisis técnicos que a juicio de Ciordia “permiten medir con una vara objetiva y clara cuáles son las cosas que no se han cumplido”. Este sería entonces el antídoto contra la retórica de la normalización y el falso arreglo del país.
Alí Daniels advirtió también que en materia de justicia hay que agregar que tanto a las víctimas como a los defensores: “Cuando vamos a los órganos de protección internacional se nos pide el agotamiento de los mecanismos internos. Así que nos va el tiempo demostrando que es inútil y además es peligroso porque expone a las víctimas y las arriesga a nuevas amenazas y hostigamiento”. El sistema de justicia venezolano requiere de atención urgente y este informe sobre recomendaciones es una hoja de ruta para transitar paso a paso las transformaciones institucionales que se necesitan para recuperar el Estado de Derecho, la autonomía e independencia de poderes y una justicia al servicio de la población.
Algo tan concreto como revertir la provisionalidad de los jueces en Venezuela permitiría darle estabilidad al sistema y reducir tanto la corrupción como las decisiones motivadas por presiones políticas. Al mismo tiempo, la liberación de los presos políticos y la atención de los casos de salud urgentes derivados de estos presidios serían buenas señales para cumplir con las recomendaciones.
