La organización no gubernamental Acceso a la Justicia y el Observatorio Venezolano de Prisiones denunciaron este lunes en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer la discriminación sufrida por las féminas del país, así como la falta de autonomía de justicia en Venezuela.
Laura Louza, presidenta de la ONG, denuncio que hay una sola cárcel para mujeres en todo el país, donde hay 500 de ellas en condiciones insalubres. Además, hay más de 2000 mujeres detenidas en anexos de cárceles masculinas, donde se les dificulta recibir visitas y en muchas ocasiones, pueden ser víctimas de violencia sexual. Las mujeres y sus familias también sufren mucho cuando visitan a los 37.000 hombres privados de libertad por las vejaciones a las que son sometidas.
Levanto la voz en nombre de las mujeres víctimas de violencia de género que no tienen prácticamente a quien acudir, pues, como ha dicho el ACNUDH, si bien existen tribunales, fiscalías y unidades policiales especializados, estos suelen carecer de un enfoque de género y no tienen capacidad para hacer justicia.
El Estado venezolano ha hecho recientemente algunas mejoras normativas, incluso en materia de protección de la mujer, pero, la ausencia absoluta de Estado de derecho y justicia, no se debe tanto a problemas de su normativa, sino a la ruptura institucional, producto, sobre todo de que jueces, fiscales, defensores públicos no tienen autonomía alguna, y por ello, no cumplen su rol de control del poder político.
Venezuela requiere de cambios estructurales y reales, más que cambios normativos y circunstanciales, y uno de los más necesarios es que se designen a verdaderos operadores de justicia que cumplan defiendan los derechos de los ciudadanos y no se limiten a cumplir órdenes.
Alzó la voz también por todas mujeres esposas, madres y cabezas de familia de personas masivamente asesinadas, detenidas, desaparecidas o víctimas de cuerpos de seguridad del Estado, delincuencia organizada o grupos irregulares.
