La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo estar «profundamente preocupados por la decisión de Trinidad y Tobago de deportar a 16 niños venezolanos y nueve adultos al mismo tiempo que se presentaba una solicitud contra su expulsión».
La portavoz, Liz Throssell, recordó que «todos los refugiados y migrantes, independientemente de su situación, tienen derecho al respeto y la protección de sus derechos humanos. Con respecto a los niños refugiados y migrantes, los Estados tienen un deber especial de cuidado: el interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las decisiones que los afectan».
La ONU resaltó que «los niños nunca deben ser deportados por la fuerza debido a su situación migratoria o la de sus padres. La condición previa para cualquier regreso que involucre a un niño es que se haya tomado una decisión independiente e imparcial, involucrando a los funcionarios de protección del niño, y que el regreso sea una solución sostenible que garantice los derechos, el bienestar y el interés superior del niño. Los Estados partes de la Convención sobre los Derechos del Niño deben salvaguardar los derechos de todos los niños en su territorio, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria».
En este sentido, la Oficina de Bachelet llamó a las autoridades de Trinidad y Tobago «para que protejan los derechos humanos de los niños refugiados y migrantes independientemente de su condición, incluso garantizando el acceso al debido proceso y las garantías procesales, de conformidad con el principio de no devolución».
Además, instó a los gobiernos a suspender todos los retornos forzosos en medio de la pandemia de COVID-19 para salvaguardar la salud de los migrantes y las comunidades y, en cambio, proporcionar vías seguras y legales para los migrantes. incluidos los niños, para regularizar su situación y evitar el riesgo de deportación.
