Senadores republicanos reintrodujeron este martes la Ley de Democracia Venezolana, que mantiene las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro y se opone a las violaciones de derechos humanos en el país sudamericano.
Jim Risch, miembro de rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Marco Rubio, miembro de rango del Hemisferio Occidental, Crimen Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Global El Subcomité de Asuntos de la Mujer, Bill Hagerty, Rick Scott y John Barrasso volvieron a presentar una legislación para condicionar las sanciones de Estados Unidos a Venezuela con base en un progreso democrático específico.
“A pesar de los abusos atroces de los derechos humanos y las políticas opresivas del régimen de Maduro, las acciones de la Administración Biden hacia Venezuela solo han servido para envalentonar al régimen”, dijo Risch.
El senador de origen cubano, Rubio agregó que “luego de las continuas concesiones de la Administración Biden al criminal narcorégimen de Maduro, que ha cometido posibles crímenes de lesa humanidad, debemos reafirmar nuestro compromiso con elecciones presidenciales libres, democráticas y justas en Venezuela. En un momento en que Venezuela está en manos de un matón asesino y colectivos irregulares involucrados en crímenes transnacionales, se debe priorizar una transición democrática del poder”, dijo Rubio .
Por su parte el legislador de Hagerty consideró que “además de abusar sistemática y atrozmente de los derechos humanos del pueblo venezolano, el régimen ilegítimo de Maduro apoya y se beneficia del tráfico internacional de narcóticos ilegales, ha brindado refugio a organizaciones terroristas extranjeras designadas por Estados Unidos como el ELN, y ha cooperado estrechamente con El régimen ruso de Vladimir Putin, la China comunista y el régimen patrocinador del terrorismo de Irán”, dijo Hagerty
La ley Democracia Venezolana se opone enérgicamente a las violaciones de los derechos humanos reconocidos internacionalmente en Venezuela y mantiene las sanciones vigentes a Venezuela hasta que haya una transición a la democracia, así como también requiere que Estados Unidos bloquee la membresía de cualquier gobierno no democrático de Venezuela en la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.
De igual forma reafirma que la ayuda humanitaria de Estados Unidos a Venezuela no se restringirá, excepto si existe el riesgo de que dicha ayuda pueda ser utilizada para torturar o en actividades relacionadas con narcóticos ilícitos y minería.
Solicita una evaluación sobre si el régimen de Maduro cumple con los criterios para ser designado Organización Terrorista Extranjera o Terrorista Global Especialmente Designado y establece una política de EE. UU. hacia un gobierno de transición y un gobierno democrático en Venezuela, incluido el apoyo a la autodeterminación, la provisión de asistencia técnica, la inclusión de Venezuela en organizaciones internacionales y relaciones comerciales beneficiosas.
