El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registró durante el mes de enero de 2023 al menos 187 casos de persecución contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, personas vinculadas con la política y contra la ciudadanía en general.
Entre estos casos, se identificaron 18 actos de criminalización contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación, incluido el cese de las transmisiones de la emisora Kalidad 90.3 FM ubicada en el estado Táchira por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Además, 16 locutores, cuatro operadores y tres personas del área de administración y mantenimiento han quedado sin trabajo.
La ONG también documentó que por cuentas digitales adeptas al régimen de Nicolás Maduro, y a través de personas vinculadas a la política del gobierno y de funcionarios de seguridad del Estado, se cometieron diez actos de hostigamiento y amenazas contra periodistas y medios de comunicación.
También los periodistas José Gregorio Meza, Carolina Briceño y Ramón Hernández fueron víctimas de acciones de intimidación por parte del Ministerio Público. En el caso de Meza un fiscal, junto a una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron al comunicador para interrogarlo. De acuerdo con los funcionarios, el periodista debía declarar sobre unos trabajos que se publicaron en El Nacional. Briceño y Hernández fueron requeridos por el mismo caso ante el Ministerio Público.
En el mismo mes de enero de 2023 se produjeron siete impedimentos de registrar un hecho noticioso.
Cepaz también documentó 66 casos de criminalización contra organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, enmarcada en la fuerte arremetida con la aprobación en primera discusión en el seno de la Asamblea Nacional chavista de una propuesta de ley que regularía su financiamiento y funcionamiento.
Entre estos casos de hostigamiento, se registró la detención de la defensora de derechos humanos y miembro de la asociación civil Sinergia y del Programa de Formación Lidera, María Fernanda Rodríguez, quien fue detenida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) horas después de que se reuniera con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Turk, durante su visita a Caracas.
Asimismo, Cepaz documentó 94 actos de criminalización contra ciudadanos, que incluyeron hostigamiento y amenaza contra familiares de personas perseguidas. Específicamente, dos contra familiares de una periodista y uno contra un familiar de un defensor de derechos humanos.
Otros hechos que involucraron a numerosas víctimas ocurrieron en el contexto de las protestas sociales realizadas por trabajadores de distintos sectores que reclaman mejores condiciones salariales. El presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo, Julio García, denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) rodearon su casa en Valencia. Lo mismo ocurrió con Camilo Torres, vicepresidente del Colegio de Enfermería del estado Bolívar. Funcionarios del Sebin asediaron su vivienda mientras participaba en una protesta.
Esta situación se repitió con el trabajador de la Siderúrgica del Orinoco, César Soto. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana visitaron su vivienda con el fin de detenerlo. Al no encontrarlo amedrentaron a la esposa.
Por otra parte, el personal médico y administrativo del Hospital Coromoto en Maracaibo fue amenazado por su directora, Mairet Acosta. La directora aseguró que pondría preso a quien se sumara a las protestas en las instalaciones del Hospital.
Un caso similar ocurrió contra dirigentes sindicales y trabajadores de la administración pública, quienes manifestaban para exigir mejores salarios y condiciones laborales dignas. Los trabajadores fueron intimidados y agredidos verbal y físicamente por integrantes de organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado y colectivos armados.
En el mismo contexto, la docente Carmen Sulay Rojas, fue destituida de su cargo como subdirectora del liceo Ángel Noriega Pérez ubicado en Pampatar, municipio Maneiro del estado Nueva Esparta.
Por su parte, trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco, Sidor, denunciaron el despido de al menos 70 compañeros por participar en las protestas por reclamos salariales en el estado Bolívar.
Rhomer Ramón Aponte, Jorge Luis Pérez Ugas y José Alexander Muñoz, trabajadores de la policía del estado Bolívar, fueron detenidos bajo la acusación de incitación al odio y rebelión, después de que difundieran a través de WhatsApp una cadena en donde invitan a los funcionarios policiales a llevar a cabo un supuesto paro policial.
Al menos 11 trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco fueron detenidos por funcionarios de seguridad del Estado luego de participar en las protestas que se desarrollaron en el estado Bolívar. Los empleados arrestados fueron: Remys Ramos, Fray Toledo, Avilio Manrique, Juan Carlos Arias, Juan Mendoza, Nery González, David Torres, Luis Coros, Ronald Hernández, Dennis Torres y Luis Santoyo.
Por último, Cepaz denunció nueve actos de persecución contra personas vinculadas con la política, como las órdenes de aprehensión emitidas contra Dinorah Figuera, del partido Primero Justicia; Marianela Fernández, del partido Un Nuevo Tiempo; y Auristela Vásquez, del partido Acción Democrática, quienes forman parte de la directiva de la Asamblea Nacional del año 2015.
