Cada 37 horas, una mujer muere a manos de feminicidas en Venezuela, donde los índices generales de violencia han bajado, mientras que los asesinatos de mujeres son cada vez más cruentos en un país con leyes insuficientes para erradicar esta lacra.
En los primeros nueve meses de este año, 175 mujeres murieron como víctimas de sus esposos, novios o exparejas, según la ONG Utopix, que mensualmente alerta sobre la fatalidad de estos ataques. Se trata de una oleada confirmada por la Fiscalía, cuyos registros muestran un millar de feminicidios en el último quinquenio, y la cuenta sigue subiendo.
En el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las organizaciones feministas de Venezuela subrayan las trabas que deben sortear quienes sobreviven a ataques, muchas veces revictimizadas en instituciones del Estado, y la necesidad de promover políticas públicas integrales que aborden el problema desde todos los ámbitos.
La principal fuerza aniquiladora
Según estimaciones independientes, el país registró en 2016 casi 20.000 asesinatos, el pico más alto de la espiral violenta que, desde entonces, empezó a descender. No ocurrió lo mismo con los feminicidios, que han crecido más del 50 % en el último sexenio.
En los primeros seis meses de este año, organizaciones no gubernamentales contabilizaron 620 asesinatos, de los cuales 111 correspondían a mujeres víctimas de violencia machista. De ese modo, la disminución de los homicidios ha revelado a los feminicidas como la principal fuerza aniquiladora en la actualidad.
Sin estar articulados ni conocerse entre ellos, los hombres que asesinan a mujeres en Venezuela son, juntos, más letales que cualquier banda criminal y, a la vez, el principal problema para los cuerpos de seguridad y los órganos de Justicia.
Según datos de Naciones Unidas, unas 64 organizaciones brindan asistencia en materia de violencia machista en Venezuela, una forma de ayuda que ha alcanzado a 175.000 personas este año, casi siempre a través de jornadas de sensibilización, una tarea necesaria pero insuficiente y que deja por fuera a un número indeterminado de víctimas.
Plan de emergencia
Ante semejante realidad, el Estado tiene que implementar un plan de emergencia feminista, según la directora editorial de Utopix, Aimee Zambrano, quien considera que hace falta una campaña constante que involucre a todas las instituciones públicas, y al mayor número de espacios de socialización, como escuelas y universidades, para educar sobre los distintos tipos de violencia.
«No hay que llegar al feminicidio para que estos agresores terminen presos. Muchas veces son mujeres que ya han hecho denuncias previas y los feminicidas, bien fueron liberados, bien no fueron apresados», alerta la antropóloga.
Además, Zambrano critica que, frecuentemente, las mujeres encuentren trabas a la hora de denunciar, al ser cuestionadas por la forma en que van vestidas a poner una denuncia o, incluso, cuando las quieren someter a procesos de mediación con sus victimarios, «una figura que además está expresamente prohibida en la ley».
La investigadora celebra que las mujeres «cada vez denuncian más«, incluso a través de las redes sociales, lo que muestra menos miedo por parte de ellas pero no una mejora del problema, que se agrava, según ella, ante la ausencia de protocolos de las autoridades para actuar en casos de desapariciones, que generalmente terminan en feminicidios u otras formas de violencia de género.
La activista añade que estos crímenes, aunque mayoritariamente tienen a exparejas como asesinos, a veces ocurren a manos de familiares, «sobre todo en el caso de adultas mayores y de niñas pequeñas».
Con información de EFE – Héctor Pereira
