La organización no gubernamental Control Ciudadano planteó cinco condiciones necesarias para que los diálogos entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tengan efectos positivos en Venezuela.
En entrevista con la periodista María Alejandra Trujillo por RCR, la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, planteó que “para nadie es un secreto que el ELN hace vida en nuestro país, de manera que una dimensión de ese proceso de paz, involucra a Venezuela, más allá de su condición de garante”.
Por ello consideró que debe haber cinco condiciones que incluyen: reglas claras para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), un estatus jurídico de los venezolanos que forman parte del ELN, un estatus jurídico de los negociadores del ELN cada vez que ingresan a territorio venezolano, monitoreo del proceso de dejación de armas y desmovilizados, y finalmente observación binacional.
«El desafío es incidir desde todos los sectores del país para que ese impacto sea positivo, exigiendo las condiciones al gobierno de Nicolás Maduro, en el marco del apoyo que está brindando, como garante, a las conversaciones de paz con el ELN«, afirmó San Miguel.
Las cinco condiciones
La presidenta de Control Ciudadano enfatizó que es necesario que se haga una definición de reglas claras de enfrentamiento para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) contra guerrilleros del ELN que operan en nuestro territorio.
«No pueden seguir haciéndose la vista gorda los militares, frente a la actuación del ELN en nuestro territorio. Es un asunto muy complicado para la FANB actuar contra el ELN, pues sus efectivos pueden llegar a perder la carrera militar si deciden actuar en contra de esta guerrilla en nuestro país. Hay confusión entre la postura de apoyar el proceso de paz y el deber de combatirlos como grupos armados al margen de la ley en nuestro territorio”, explicó.
Consideró también relevante que se haga una “definición del estatus jurídico en la negociación de los venezolanos que integran el pie de fuerza del ELN, pues se trata de una guerrilla binacional. «Hay aspectos que deben resolverse: ¿Su desmovilización será en Venezuela? ¿Quién los representa en la negociación? ¿Cómo queda su estatus jurídico frente a la ley venezolana, cuando es un proceso sometido a la ley colombiana?», cuestionó.
En tercer lugar, San Miguel destacó la necesidad de una «determinación clara y precisa» del estatus legal de los negociadores del ELN cada vez que ingresan a negociar a territorio venezolano, respecto de graves delitos que hayan podido cometer, de acuerdo con el Estatuto de Roma.
«Hemos visto como cada vez que se inician las rondas de negociación entre gobierno de Gustavo Petro y guerrilleros del ELN, Colombia suspende la captura y extradición de los integrantes de la guerrilla del ELN, para que puedan ejercer como representantes del grupo armado en la mesa de negociación. Venezuela, en armonía con el Estatuto de Roma, debe hacer lo propio para albergarlos en su territorio, incluso con carácter temporal, ya que de no hacerlo, está obligado a capturarlos, según la Ley penal internacional”, analizó.
Rocío San Miguel destacó también que debe haber un monitoreo del proceso de dejación de armas y desmovilización de combatientes sobre Venezuela «para evitar que disidentes y desertores del ELN encuentren en nuestro país el espacio para la continuidad de sus actividades criminales, como ha ocurrido en el pasado con el proceso de paz con las FARC y la presencia de la Segunda Marquetalia en nuestro territorio».
Finalmente, recomendó San Miguel que se debe constituir «un observatorio binacional, con apoyo de Naciones Unidas, que permita el monitoreo de la presencia y actuación del ELN en Colombia y Venezuela, para garantizar que la paz que se logre con el ELN en Colombia, no se transforme en guerra y conflicto para los venezolanos».
